17 de marzo de 2012

Los ISP estadounidenses enviarán advertencias de copyright desde julio


El año pasado, conocimos un llamativo acuerdo voluntario entre las entidades gestoras de derechos de autor estadounidenses y los proveedores de Internet de dicho país, a través del cual se proponía implementar una política de seis strikes para evitar la piratería. Finalmente, se decidió que dicha iniciativa comenzará a funcionar a partir de julio, aunque el arranque definitivo depende de los ajustes técnicos que harán los ISP.
El plan definitivo, conocido oficialmente como Copyright Alert System, propone una serie de etapas para disuadir a los usuarios de descargar contenidos protegidos. Inicialmente eran seis pasos a seguir, pero se introdujeron variantes que ya no sólo incluyen avisos por correo postal, sino también advertencias que serán mostradas a través de redirecciones dentro del propio servicio que se ofrece a los clientes.
Cada vez que un propietario de derechos de autor advierta a un proveedor de que un usuario estaría realizando descargas de archivos con copyright, la primera etapa será el envío de material educativo por correo. Si no existe respuesta alguna, podrá reenviarse el mismo y hasta solicitar una confirmación de que el mismo llegó y fue comprendido en su totalidad, ya que allí también se detallan los riesgos de continuar con dicho accionar.

¿Y cuáles son esos riesgos? La penalidad más baja consiste en mostrar pop-ups durante la navegación, mientras que las instancias superiores implican la redirección permanente a unapágina de advertencia o la disminución de la velocidad de acceso. En ningún caso se cancelará el servicio, algo que podría generar una avalancha de demandas si no se contara con las pruebas suficientes.
La medida fue impulsada por la RIAA y la MPAA, junto con estudios y sellos independientes, quienes lograron el acuerdo con firmas como AT&T, Cablevision, Comcast, Time Warner Cable o Verizon. Si bien los efectos pueden ser menores a los que podía ocasionar la aprobación de la ley SOPA… ¿es realmente justo que este tipo de infracciones se determine fuera de una instancia judicial?

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